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Aproximadamente 50 funcionarios pertenecientes a la nómina del Instituto Autónomo de Policía del estado Anzoátegui fueron suspendidos de sus cargos por ordenes del Gobernador Tarek William Saab, a propósito de contribuir y facilitar las investigaciones del suceso ocurrido ayer frente a la empresa ensambladora MMC Automotriz, ubicada en la zona industrial Mesones de Barcelona, en el cual fallecieron dos trabajadores durante la ejecución de una medida judicial emitida por el Ministerio Público.
La medida ejecutiva fue notificada por el primer mandatario regional, en rueda de prensa convocada para informar a la opinión pública que los efectivos policiales en cuestión fueron puestos a la orden del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Fiscalía General de la República, desde la tarde del día de ayer para que sean estos organismos quienes determinen las personas y responsabilidades a aplicarse en este lamentable hecho.
– «Nosotros tenemos que ser bien responsables como gobernantes, dar un ejemplo contundente en torno a lo que nos compete, para que se aclaren los hechos y se sancionen a los responsables. La medida que estamos tomando es correcta y sienta un precedente, aquí no va a ver impunidad ni alcahuetería con funcionarios que transgredan una orden que tiene rango de ley, como es el no uso de armas de fuego en manifestaciones publica. Estoy seguro que por el profesionalismo de nuestra policía científica y por la diligente actuación que hemos tenido al cooperar con los órganos para la investigación, aspiro que en los próximos días tengamos una respuesta», expresó Tarek.
Al respecto, recordó Tarek, que en el mes de abril del año 2005, su despacho emitió un decreto que prohíbe terminantemente el uso de armas de fuego por parte de funcionarios del cuerpo de seguridad regional en casos de manifestación pública, acción como la transcurrida ayer en la que los trabajadores integrados en sindicato protestaban el desalojo ordenado por el juzgado y la renovación del contrato laboral directamente a la empresa.
«Debo recordar que mi gobierno ha mantenido un proceso permanente de depuración. Cuando llegamos en noviembre del 2004, 400 funcionarios que venían de cometer hechos punibles, en la administración que me antecedió, fueron puesto a la orden de los órganos competente. Tengo claras mis convicciones, apegadas a los Derechos Humanos, he sido insistente en la formación de nuestros funcionarios, más de tres mil desde el 2005 han recibido adiestramiento en la materia y como activista a favor de los Derechos Humanos no puedo actuar de otra manera», agregó Tarek.
En este orden de ideas, el dignatario anzoateguiense, solicitó al Ministerio Público colaborar en la investigación de la verdad sobre lo ocurrido y para rebatir versiones contradictorias, a través de la indagación sobre la actuación de las juezas comisionadas para la ejecución de la medida de desalojo de los trabajadores en huelga, quienes pese a la muerte de dos personas, presuntamente insistieron en permanecer en el lugar, ingresar imprudentemente a la empresa y retirar al grupo manifestante a la fuerza.
Tarek en su carácter de defensor de los Derechos Humanos y como primera autoridad gubernamental de la entidad, extendió así mismo sus palabras de condolencia a los familiares de los trabajadores que fallecieron durante el acto violento de este jueves 29 de enero y extendió su voluntad de acudir las necesidades de estas personas a través de una indemnización y una pensión de carácter vitalicio.
Finalmente, informó de sus conversaciones con el Ministro del Poder Popular de Industria Ligera y Comercio, así como con el titular del Ministerio del Trabajo, para atender la demanda expuesta por el sindicato en amparo al derecho laboral de los trabajadores. En tal sentido, informó que se acordó para hoy la llegada de una comisión de funcionarios de alto nivel, quienes por medio del diálogo con las partes involucradas en el problema laboral puedan a feliz término alcanzar un acuerdo justo.