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El Gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, cataloga como una acción de justicia y reivindicación para el pueblo, la decisión tomada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez en su programa Aló Presidente del pasado domingo 03 de octubre, en la que ordena la nacionalización de la empresa española-venezolana Agroisleña, que posee dos sucursales en la entidad, concretamente en las ciudades de El Tigre y Aragua de Barcelona.
El primer mandatario regional detalló que dicha empresa especializada en la distribución y venta de insumos y equipos agrícolas, para surtir las necesidades de los productores de la zona centro de Anzoátegui y del estado Guárico, fue denunciada por recaer en los delitos de especulación explotación, venta ilegal de productos prohibidos, entre otros.
«Yo quiero manifestar nuestro apoyo a la nacionalización de Agroisleña, en este momento cuando sectores fascistas de la ultraderecha, quieren confundir a la opinión publica en torno a este tema, nosotros queremos destacar que esta empresa venezolana española ha recibido críticas muy duras en sus funcionamientos, debido a actividades de especulación y comisión de delitos penalizados; comercializando pesticidas prohibidos, además de la implantación de un sistema de explotación a los campesinos, donde a través del suministro de materia prima y pesticida se apoderan de gran parte de las cosechas como forma de pago. Situación que es injusta y fuera de todo derecho humano y constitucional, es por todo ello apoyamos rotundamente la decisión del presidente Chávez de nacionalizar esta empresa, para darle un uso equitativo humanitario a una empresa que desvió su rumbo a merced de circunstancias totalmente ajenas al derecho venezolano y caminar hacia desarrollo sustentable, que como política económica de producción lucha por implementar el comandante en todo el campo venezolano», expresó Tarek.
Indicó que esta medida tomada por el primer dignatario nacional, obedece a las protestas y denuncias presentadas por los trabajadores, gremios y productores de cuatro estados del país.
Tarek agregó que tanto trabajadores como productores manifestaron su descontento por la venta a costos elevados de semillas y fertilizantes y la explotación a la que ha sido sometido el personal que presta servicios para esta compañía. Igualmente, la comunidad sentencia la comercialización de pesticidas prohibidos a escala mundial, y las consecuencias sanitarias, económicas y ambientales que esta situación causa a las familias campesinas radicadas en la zona.