Campaña
En conferencia de periodistas, los miembros del Consejo de Abogados Socialistas de Anzoátegui anunciaron que ejercerán contraloría social al Poder Judicial y todas las instituciones administradoras de justicia, ante reiteradas denuncias del pueblo.La vocera de los profesionales del derecho Felipa Martínez, en compañía de los miembros del Consejo de Abogados Socialistas Argenis Morales, José Antonio Molero y Víctor González, informó que consideran necesario seguir trabajando en la transformación integral de las instituciones del estado, a fin de ponerlas a tono con el proceso revolucionario que avanza en nuestro país.
Martínez señaló que consideran que se deben tomar acciones, aplicando las tres r: revisión, rectificación y reimpulso, ante las múltiples denuncias procesadas acerca del comportamiento de los jueces, los retardos procesales, falta de atención, la violación de los derechos de que son victimas ciudadanos inocentes, así como abusos de poder y hasta la liberación de banqueros en la que han estado incursos funcionarios con compromisos capitalistas y no sociales.
La abogada planteó por ejemplo, «la designación realizada o por realizarse, por la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la Jueza Carmen Guarata, para ejercer funciones en la corte de apelaciones en Anzoátegui, quien ha sido denunciada tanto en el estado Sucre como Nueva Esparta por abuso genérico. En este sentido solicitamos la revisión del caso y realice las investigaciones pertinentes mediante procedimientos administrativos y se cumpla el debido proceso» expresó Martínez.
Igualmente señalaron el caso de una familia de la ciudad de El Tigre, quienes consignaron unos escritos ante instituciones a nivel nacional y aún esperan por el pronunciamiento.
A rendir cuentas
Por otra parte señaló que estarán activos en las instituciones administradoras de justicia y el tribunal en la entidad, no solo para que rindan cuenta en sus asuntos presupuestarios y administrativos, sino también de la gestión que ejecutan y las razones certeras de los retardos procesales, entre otros casos, con lo que se irrespetan de los derechos de las víctimas y a los ciudadanos comunes que buscan justicia.
«Invitamos a la comunidad organizada, a los ciudadanos y a los abogados a fin de que se integren a estas acciones contraloras», expresó Martinez, al tiempo que señaló que además, se prevén realizar orientaciones legales requeridas a fin de erradicar del Poder Judicial compromisos capitalistas y oligárquicos, para consolidar en la región una política de compromiso social, en la que se respeten los derechos del ciudadano y se hagan valer sus deberes, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.