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Más de 32 constructoras que se han colocado al margen de la legalidad en el estado Anzoátegui, al desacatar la Ley de Prohibición del cobro de impuesto de Indice de Precio al Consumidor (IPC), serán citadas a la Comandancia de la Policía, en calidad de declarante, para que den testimonio del porque de la violación de la Ley que prohíbe el cobro de dicho impuesto, según declaró el gobernador Tarek William Saab.
Explicó que el objeto del ejecutivo regional es restablecer los derechos de los compradores de viviendas afectados en el estado Anzoátegui, que se ubica en tercer lugar a nivel nacional con constructores en situación de ilegalidad en el cobro del IPC, y conminarlos a que cumplan con la Ley.
«A partir de ahora nosotros nos metemos de frente en este problema hasta que se solucione, porque en Anzoátegui no vamos a permitir que existan más de 32 empresas que incurren en desacato a la Ley emitida el pasado 10 de junio por el Ministerio de Obras Públicas, la cual prohíbe el cobro al I PC que los constructores aplican para triplicar o cuadruplicar el costo de las viviendas»
Toda la gestión del gobierno regional está coordinada con el trabajo que adelanta la Fiscalía, el Indepabis, y todos los grupos e instituciones del estado involucrados. Con dicha medida, el ejecutivo regional se propone revindicar a la familia venezolana sin ningún tipo de diferencias de carácter político o idelógico, y constituye una medida que prohíbe la estafa, la usura y el delito, en protección del pueblo venezolano.
El gobernador, Tarek William Saab estuvo acompañado en la actividad de los diputados del Consejo Legislativo Estadal, y al Diputado de la AN Darío Vivas en la realización de una jornada que tuvo como eje central el combate a la especulación inmobiliaria y el pechaje de dicho gravamen.
La actividad tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, ubicado en Barcelona, municipio Simón Bolívar, y contó como ponente al legislador ante la Asamblea Nacional, Dario Vivas, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana.
Explicó que la medida obedece a lo establecido en Resolución Nº 11 del pasado 10 de junio del presente año, donde el Ejecutivo Nacional prohíbe el cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y⁄o sumas adicionales de dinero, basados en la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o de cualquier otro mecanismo de corrección monetaria u ajuste por inflación, dado que existe personas que habiendo devengado dicho cobro ilícito, requieren orientación adecuada a los efectos de hacerse el reembolso ilegal por parte de las empresas del ramo inmobiliario.
Por su parte, el orador de orden en cuestión, el parlamentario nacional, Dario Vivas, reiteró su postura en la cual esgrime que el IPC es un «mecanismo perverso, una estafa, una usura y una irresponsabilidad. Muchos constructores, después de hacer la negociación con un cliente, recargan el cobro del IPC como si fuera un interés a pagar, cuando realmente es una simple medición de cómo están los créditos en el mercado».